REDACCIÓN Y AGENCIAS|  Washington | 29/06/2017  | La Vanguardia

Los visados que han sido aprobados hasta la fecha no serán rechazados. Sin embargo, los nuevos aspirantes a visado procedentes de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen deberán demostrar una relación con un padre, cónyuge, hijo natural o político, o un hermano, que ya residen en Estados Unidos para tener posibilidades de ser considerados aptos. El mismo requisito, con algunas excepciones, se aplica a los refugiados de todas las nacionalidades que todavía están esperando la aprobación de admisión a los EE.UU.

El Departamento de Estado está dirigiendo la introducción de la orden ejecutiva tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos el lunes, el cual permite que procedan partes de la orden. Con la hora elegida se pretende dar a embajadas y consulados de todo el mundo orientación suficiente sobre cómo acatar la orden antes de que entre en vigor, de acuerdo con la persona, que pidió no ser identificada porque la medida no ha sido anunciada formalmente.

Se deberá demostrar una relación con un padre, cónyuge, hijo natural o político, o un hermano.
La decisión del Tribunal Supremo del 26 de junio revive la prohibición de viajes del presidente estadounidense de 90 días a las personas que ingresan en Estados Unidos de estos seis países predominantemente musulmanes.

Los viajeros con vínculos comerciales o profesionales de los países también deben mostrar una relación “formal, documentada” y no basada en una intención de evadir la prohibición, dijo la AP. Algunas exenciones, entre ellas a estudiantes y periodistas, están incluidas en la política, según informó el servicio de noticias.

Después de meses de retrasos en la prohibición inicial de viajes de Trump y una versión revisada, que fueron ambas suspendidas por los tribunales, el fallo de 13 páginas del Tribunal Supremo permite al Gobierno negar la entrada a individuos de los seis países que no tienen vínculos con EE.UU. No obstante, determinar quién tiene lazos de buena fe (”bona fide”) con EE.UU. -la frase utilizada por el Tribunal- ha tenido ocupados a responsables del Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Departamento de Justicia desde que se publicó la decisión.

La prohibición ha provocado protestas públicas y críticas de grupos de defensa, ex funcionarios que trabajan en temas de refugiados y organizaciones no gubernamentales que los trasladan a EE.UU. Éstos afirman que la mayoría de los refugiados que llegan a EE.UU. ya tienen vínculos familiares y que el proceso de autorización para vivir en el país es extremadamente riguroso.

”El proceso de autorización ya es muy exhaustivo”, dijo Anne Richard, ex subsecretaria de Estado para población, refugiados e migración. “La retórica de la campaña política de que no había un proceso de control o que había un proceso de revisión débil es totalmente absurda”.

El Gobierno de Trump ha argumentado que los refugiados pueden suponer un riesgo para la seguridad. Por su parte, miembros del gabinete como el Secretario de Estado, Rex Tillerson, han dicho que EE.UU. quiere mantener refugiados que han huido a lugares como Jordania y Turquía en las regiones para que puedan regresar a sus hogares cuando sea seguro hacerlo. También han pedido a otros países que asuman una mayor parte de la carga.