Opinión | Por:Carlos Ramírez |  07/07/2017 | Debate

SAN FRANCISCO, California.- Sin mucho debate, la Cámara de Representantes en Washington, DC aprobó dos legislaciones antinmigrantes articuladas entre sí a partir de un incidente ocurrido en el 2015 aquí en la ciudad de San Francisco: una estadounidense cayó herida de muerte por una bala perdida y se acusó a un mexicano como responsable.

El tema logró relacionar dos iniciativas que llevan el sello de Donald Trump: endurecer las penas contra inmigrantes que regresan ilegalmente a los EU y siguen carreras criminales y restricción de fondos a las llamadas Ciudades Santuario que protegen a migrantes ilegales de las persecuciones criminales y entre ellos a delincuentes.

Las dos leyes aprobadas pasaron al Senado. Pero el clima de debate ha fortalecido la retórica policiaca de Trump contra todos los migrantes ilegales. El asesino de Kathryn Steinle, Juan Francisco López-Sánchez, fue detenido pero liberado con argucias legales y el sistema policiaco local no avisó a la policía de migración que tenía contra él acusaciones de tráfico de drogas e ilegalidad en su estancia.

El caso llevó al diseño de la iniciativa Ley Kate para aplicar con severidad las leyes contra migrantes deportados que regresan a los EU a seguir cometiendo delitos. López-Sánchez, por ejemplo, fue deportado cinco veces por la policía migratoria, fue encarcelado en cuando menos tres ocasiones y con ese historial criminal fue liberado bajo palabra por el asesinato de Kate con una bala perdida.

La estrategia migratoria de Trump se va a poner a prueba con el debate de la Ley Kate en el Senado. La discusión en medios ha sido sesgada porque se asume el concepto general de Ciudades Santuario y no casos concretos. El sistema judicial que liberó a López-Sánchez bajo palabra debió haber informado a la policía migratoria para que lo detuviera al salir de la corte estatal. Sin embargo, por el criterio de Ciudad Santuario se negó a hacerlo.

La aprobación de las dos leyes en la Cámara de Representantes fue una victoria de la política antinmigrante de Trump, en medio de discusiones retóricas sobre la protección de migrantes de todo tipo: estudiantes, trabajadores esforzados y delincuentes.

El problema radica en que la defensa de los Ciudades Santuario y de los 11 millones de migrantes ilegales en los EU radica en el hecho de que prácticamente todos violaron la ley con papeles falsos para permanecer en el país. La legalización de la estancia pasa por una revisión de antecedentes; y ahí el problema no es que hayan sido arrestados por pasarse un alto sino por usar documentos legales estadounidenses pero falsificados.

La estrategia mexicana de defensa de ilegales en los EU radica sólo en recursos legales para tramitar su legalización como ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, para su estancia ilegal los migrantes hubieron de violar muchas leyes estrictas. Y la compatibilidad de ambas situaciones –estancia suficiente para ser legales pero usando documentos ilegales– impide resultados positivos.

Los últimos datos oficiales del Departamento de Seguridad Interna revelan que la legalización oficial ha beneficiado a mexicanos: 80 mil 702 mexicanos han sido ciudadanizados, el 47% de ellos que llegaron legalmente al país. En este sentido, los mexicanos son los extranjeros que ocuparon, en el primer semestre del año, el primer lugar del medio millón de extranjeros legalizados.
El problema migratorio de México radica en que de todos modos la migración ilegal seguirá, aunque baje y suba según circunstancias.