Agosto 8, 2017 | Redacción unomásuno| unomásunomx@gmail.com|D.R. unomásuno, UTV 2017
Muertes de detenidos, intentos de suicidio y huelgas de hambre afectan el funcionamiento del Centro de Detención de Inmigrantes en Adelanto, California, administrada por GEO Group que opera docenas de prisiones privadas y centros de detención en todo Estados Unidos. De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, tan sólo de diciembre a la fecha se ha registrado el quinto intento de suicidio entre los inmigrantes retenidos en este centro ubicado a unos 150 kilómetros al noroeste de Los Angeles.
El más reciente se registró el pasado 11 de julio cuando un interno se colgó con una de las sábanas de su dormitorio, de acuerdo con los registros del Departamento de Sheriff del Condado de San Bernardino obtenidos por The Times a través de una solicitud de registros públicos. El centro de detención puede albergar a cerca de dos mil hombres y mujeres. Funcionarios dicen que más de 73 mil detenidos han pasado desde que se abrió en 2011.
Entre los detenidos hay solicitantes de asilo, personas atrapadas en redadas de inmigración y aquellas identificadas por las autoridades como potencialmente deportables después de ser llevados a la cárcel. Algunos han vivido en Estados Unidos durante décadas, otros fueron enviados a Adelanto poco después de cruzar la frontera. GEO Group, operadora que recibe una cuota de hasta 112 dólares por día por detenido de Inmigración y Aduanas (ICE) y con la ciudad de Adelanto sirviendo como intermediario, ha sido señalada por detenidos y defensores de negligencia médica, maltrato por parte de los guardias, falta de respuesta a las quejas y otros problemas.
Los inspectores gubernamentales también han notado deficiencias significativas en la instalación, a menudo relacionadas con la atención médica. Los Angeles Times entrevistó a detenidos y a sus abogados y examinó los informes locales de aplicación de la ley, registros de la ciudad y revisiones federales que data de 2011, cuando se abrió la instalación. En noviembre de 2011, un contratista de ICE que realizaba una revisión anual criticó la instalación porque “los oficiales médicos no estaban llevando a cabo evaluaciones de salud de los detenidos dentro de los 14 días de su llegada y las enfermeras registradas estaban realizando evaluaciones de salud”.
Diez meses más tarde, un informe de la Oficina de Supervisión de la Detención del ICE encontró que muchas solicitudes de atención médica se retrasaron y no se revisaron los expedientes médicos con prontitud. Ese informe también indicó que la muerte del detenido Fernando Domínguez Valdivia en marzo de 2012 siguió a “errores flagrantes” por parte del personal médico y podría haberse evitado. En 2014, otro informe de la Oficina de Supervisión de Detención encontró que Adelanto era deficiente en 26 áreas, incluyendo 16 relacionadas con los esfuerzos de la instalación para prevenir e intervenir en casos de abuso sexual. Después de la muerte del interno Raúl Ernesto Morales-Ramos en 2015, los inspectores volvieron a encontrar la culpa de Adelanto. En los meses antes de morir, Morales-Ramos presentó dos denuncias a los funcionarios de Adelanto.