El gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una serie de protecciones legales para migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Agentes de policía no tendrá facultades para interrogar a cualquier persona sobre su estatus migratorio, ni participar en actividades en las que se apliquen leyes migratorias.

Además, los carcelarios sólo podrán entregar presos que hayan sido declarados culpables de ciertos delitos a autoridades inmigrantes del gobierno federal.

La ley entrará en vigor a principios del 2018 pese a las objeciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 “Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias. Esta ley ofrece un equilibrio que protegerá la seguridad pública, a la vez que brinda un poco de alivio a esas familias que ahora viven con temor todos los días”, aseguró el gobernador Jerry Brown.
Mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sentenció que las nuevas leyes volverán más inseguro al estado de California.

“Ahora ha creado leyes para comprometerse a devolver a los extranjeros criminales a las calles, lo que socava al orden público, la seguridad nacional y la aplicación de las leyes”, espetó Devin O’Malley, portavoz del Departamento de Justicia.

El estado de California es conocido como una “ciudad santuario”, el cual alberga la mayor población de migrantes en el país norteamericano, con unos 2,3 millones de indocumentados.