Integrantes del Colectivo “Por una Migración sin Fronteras” exhortaron a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a mostrar voluntad política y permitir que Tlaxcala cuente con un marco jurídico adecuado para la protección y atención de los migrantes.
En rueda de prensa en la que emitieron un pronunciamiento, los líderes de ese organismo resaltaron su preocupación por la ambigüedad en la que se encuentra la entrada en vigor de la Ley de Protección y Atención a los sujetos Migrantes y sus familias del Estado de Tlaxcala, prevista para el próximo mes de enero de 2018.
En este sentido, urgieron a los legisladores a modificar los artículos transitorios de la normatividad aprobada en diciembre del año pasado, para garantizar los derechos de las personas migrantes en Tlaxcala.
Al gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, le demandaron que se pronuncie a favor de la aprobación de la iniciativa de decreto que se encuentra en análisis con los congresistas.
Precisaron que para los más de ocho mil tlaxcaltecas repatriados entre 2012-2016, reportados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en la entidad no se han realizado acciones necesarias para garantizar su reintegracion, pues se carece de un diagnóstico de sus necesidades al regresar a su lugar de origen, que permitiría implementar políticas públicas que respondan a la realidad.
Desde hace años, el incremento del retorno de la población mexicana, tanto el forzado (resultado de la radicalización de la política de deportaciones de los Estados Unidos de Norteamérica emprendida por el actual presidente Donald Trump), como por el desempleo y los bajos salarios, se ha vuelto uno de los fenómenos que requieren acciones de atención inmediata por parte de las autoridades.
En días pasados, la legisladora Dulce María Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dio lectura a la iniciativa para adecuar diversos artículos transitorios del decreto 312, expedido el 30 de diciembre de 2016, que contiene la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala.
Explicó que los migrantes ilegales se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, por ello, son más propensos a ser víctimas de arrestos arbitrarios, ausencia del debido proceso, deportaciones masivas, exclusión en el disfrute de servicios básicos y discriminación, entre otros..
El objetivo del Colectivo “Por una Migración sin Fronteras” es subsanar inconsistencias en la redacción de la ley que hoy no garantiza certeza jurídica.