Tras la represión del fin de semana llegaron las condenas y la apuesta por un mayor cerco diplomático.

El Grupo de Lima, conformado por una decena de países latinoamericanos y Canadá, se reunió este lunes en Bogotá, donde condenaron al gobierno de Nicolás Maduro por no haber permitido y, de hecho, haber reprimido «con una violencia indiscriminada» los intentos realizados el sábado pasado por hacer ingresar varios cargamentos de ayuda humanitaria a Venezuela.

En el documento final del encuentro se denuncia «al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder».

Fue suscrito por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú.

La entrega de ayuda humanitaria -donada por Estados Unidos y otros países- a través de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y el Mar Caribe fue organizada por la oposición venezolana como un paliativo frente a los problemas de acceso a medicinas y alimentos que viven los ciudadanos.

La operación había sido anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien aseguró que ese cargamento serviría para atender a unos 300.000 venezolanos cuyas vidas están en riesgo por estas carencias.

En enero pasado, Guaidó se juramentó como presidente encargado del país, argumentando que Maduro había sido reelecto en 2018 en unas votaciones fraudulentas y que, por tanto, ahora se encuentra usurpando el poder.

El mandatario, por su parte, acusa a Guaidó de encabezar un intento de golpe de Estado y aseguró que no admitiría la ayuda porque Venezuela no la necesita y, además, porque la consideraba una estrategia para justificar una intervención militar extranjera en el país.

Cerco diplomático

El sábado, el gobierno de Maduro mantuvo cerradas las fronteras por donde estaba prevista la entrada de la ayuda internacional.

Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, junto a los grupos armados progubernamentales -conocidos en Venezuela como «colectivos»- reprimieron a los voluntarios que intentaron cruzar hacia Venezuela con la ayuda.

El saldo, según la ONG Foro Penal, fue de dos muertos y de unos 60 heridos de bala.

Además, uno de los camiones con ayuda humanitaria fue incendiado en uno de los puentes fronterizos entre Venezuela y Colombia.

En su declaración, el Grupo de Lima anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que tome en consideración «la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad», en las investigaciones que lleva adelante esa instancia en contra del gobierno venezolano.

También anunciaron que impulsarán la designación de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que propiciarán la discusión sobre la situación en ese país en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como en la Organización de Estados Americanos.

También se comprometieron a realizar gestiones ante el Secretario General de la ONU para que impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que ocurre en Venezuela.

Según los países firmantes, «la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región».

También en la arena internacional, los países del Grupo de Lima ratificaron su apoyo a Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela y anunciaron que promoverán que las organizaciones internacionales y los mecanismos de coordinación multilaterales reconozcan como representantes legítimos de Venezuela a las personas designadas a tales fines por él.

Diferencias por el uso de la fuerza

Pero si en la arena diplomática el Grupo de Lima mostró su disposición a ampliar el cerco diplomático que enfrenta Maduro, en su declaración también dejaron claro que no quieren salirse de este marco de soluciones y, concretamente, descartaron la posibilidad de acudir al uso de la fuerza.

«La transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza», señalaron en la declaración.

Un punto en el que la posición del Grupo de Lima no coincide con la del gobierno de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, Mike Pence, reiteró en esa reunión en Bogotá que para Washington a la hora de lidiar con Maduro «todas las opciones» están sobre la mesa.