Texas desaloja una prisión común para arrestar a indocumentados

Funcionarios en Texas comenzaron a vaciar espacios en la unidad Dolph Briscoe, en Dilley, para cumplir la polémica orden del gobernador Greg Abbott, de encarcelar a los migrantes indocumentados pero acusándolos de delitos estatales.

Funcionarios en Texas comenzaron a reubicar presos de una cárcel común del estado para albergar a los inmigrantes que sean arrestados en la frontera por los state troopers, esto como respuesta a la orden dada recientemente por el gobernador Greg Abbott.

Según Jeremy Desel, director de Comunicaciones del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), el miércoles la agencia movió a prisioneros de la unidad Dolph Briscoe, en Dilley, una pequeña ciudad a poco más de una hora al suroeste de San Antonio, hacia otras prisiones del estado.

“Esto permitirá que la unidad sirva como una estación central para detenidos que no están bajo custodia del TDCJ y que hayan sido arrestados y acusados con cargos estatales”, explica en un comunicado, sin precisar de cuáles se trataría. Agrega que las instalaciones estatales tienen capacidad para colaborar con el plan del gobernador.

La unidad Dolph Briscoe tiene capacidad para albergar a 1,384 hombres bajo custodia de media a mínima, pues son presos que no tienen cargos anteriores por ofensas graves, que tampoco tienen antecedentes de inestabilidad mental, actitudes violentas o intentos de escape, y que han demostrado cambios en su conducta. Cuenta con 233 empleados para atender a esa población, 165 son de seguridad. Se encuentra a casi cuatro horas de distancia de los puntos de mayores cruces en la frontera.

Hasta ahora, la orden de Abbott solo se centraba en acusaciones a quienes lleguen a la frontera por invadir propiedad privada y por tráfico de personas o drogas. El gobernador pidió a dos comisiones de justicia criminal del estado que guíe y otorgue las exenciones necesarias a los condados para que puedan recibir a los migrantes detenidos.

Abbott ha culpado al presidente Joe Biden de crear una “crisis” en la frontera sur. Desde octubre el número de detenciones ha ido en aumento: para mayo alcanzó un pico histórico de 180,034 personas que se entregaron a las autoridades en busca de un beneficio migratorio.