La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que, a pesar de los avances normativos para reconocer, respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, persisten las violaciones en contra de éstos.
Precisó que en los últimos cuatro años del actual sexenio se registraron 10,643 actos de violaciones a los derechos humanos, lo que significó en promedio 2,660 actos por año.
En su primera revisión a la Cuenta Pública del 2016, la ASF precisó que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el 2012 se cometieron 2,522 casos en contra de ese grupo en situación de vulnerabilidad; para el 2013, el 2014 y el 2015 se acreditaron 2,144, 1,836 y 2,353 hechos violatorios, respectivamente, y para el 2016 se reportaron 1,788, “por lo que, del 2012 al 2016, se registraron 10,643 hechos violatorios en contra de migrantes”.
La Auditoría recordó que existen 58 estaciones migratorias en 27 estados de la República, y del 2012 al 2016 personal de la CNDH realizó 14,245 visitas a estaciones y lugares de tránsito, con las que captó 2,628 quejas y asistió a 458,830 personas.
Precisó que del 2012 al 2016, la Quinta Visitaduría General recibió del público en general 14,755 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, 30.9% correspondió a migrantes en estaciones migratorias y otros lugares de tránsito y alojamiento.
Destacó que de los 10,643 hechos violatorios a los derechos humanos de migrantes del 2012 al 2016, la CNDH comprobó la existencia de 4,095 autoridades responsables de la violación, con una recurrencia en promedio de 2.6 hechos violatorios por cada autoridad.
“En el 2016, a pesar de los avances normativos para reconocer, respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, aún persistieron las violaciones en contra de éstos”, concluyó la ASF.
Derechos, sólo en el papel
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y organizaciones sociales presentaron este jueves el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México: Un derecho que existe sólo en el papel”, en el que aseguraron que autoridades mexicanas que investigan delitos cometidos contra personas migrantes no han logrado justicia y prácticamente la mayoría de los casos quedan impunes.
En conferencia, dijeron que de unos 5,824 delitos cometidos contra migrantes entre el 2014 y el 2015, ocurridos en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila, sólo se emitieron 49 sentencias, lo que refleja que la impunidad llegó a 99 por ciento.
El informe especifica que las autoridades no han podido identificar los restos de las víctimas de las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta, ocurridas en el 2010 y el 2012, respectivamente.
“Otros obstáculos a los que se enfrentan los migrantes son perfiles inadecuados de los fiscales encargados de los casos, falta de recursos humanos, así como la falta de sensibilidad para tratar con las víctimas.
“El presente estudio señaló que otro factor grave que enfrentan los migrantes, a su paso por México, son los delitos cometidos por autoridades o bien, por delincuentes bajo el aval de éstas, los cuales son comunes durante el trayecto de las personas migrantes hacia el norte”, refiere el estudio.
Cabe mencionar que Amnistía Internacional acusó que en México, los arrestos con “irregularidades” afectan principalmente aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, como los indígenas y migrantes.
Este informe fue respaldado por organizaciones como: Casa del Migrante de Saltillo, Albergue Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para Migrantes, la Red Migrante Sonora, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, WOLA y Fundar.