Laura Gómez Flores |  domingo, 08 oct 2017 | La Jornada 

Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó a las autoridades a atender las observaciones del Comité de Naciones Unidas para proteger los derechos de los migrantes y de sus familias.

Así como de quienes defienden sus derechos en México, para lo que es necesaria una evaluación periódica y asegurar la participación de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y autoridades de todos los niveles de gobierno.

El Comité, señaló, tiene conocimiento de la vulneración de los derechos de las personas migrantes específicamente en materia de igualdad y no discriminación, trabajo, salud, libertad, educación, a no sufrir desaparición forzada, acceso a la justicia y reparación efectiva para las víctimas.

Los altos niveles de violencia basada en género; la detención y expulsión de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos no acompañados; las irregularidades en las investigaciones de las masacres de San Fernando y Cadereyta, así como las alegaciones de la participación de autoridades públicas, son preocupantes, afirmó.

A lo que se suma la impunidad y bajos niveles de denuncias; y la vulneración de derechos humanos de los defensores de los migrantes, por parte del crimen organizado y redes de tráfico de personas, incluso en connivencia con autoridades y empresas privadas que gestionan acciones de control migratorio.

Por ello, recomendó la ratificación de instrumentos internacionales en la materia, así como la armonización legislativa nacional, estatal y municipal de todas las disposiciones de la Ley Migratoria y su reglamento.

Se adopten e implementen medidas para garantizar los derechos de todas las trabajadoras migrantes; y se establezca medidas de prevención y sanción ante la criminalización de las personas migrantes en mensajes de diferentes actores sociales y políticos.

La perspectiva de género y la implementación de un procedimiento interinstitucional de determinación del interés superior del niño, que asegure las debidas garantías procesales, incluyendo el derecho a la información y asistencia jurídica gratuita por parte de profesionales especializados en derechos, son otras de sus recomendaciones, indicó.