MÉXICO| 15 DE JUNIO DEL 2020| FOTO: OMAR MARTÍNEZ
POR: KAREN BALLESTEROS
El aislamiento es un asunto muy preocupante para los directores de 12 albergues ubicados en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, pues desde que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia ya concluida– no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones gubernamentales, exacerbando la incertidumbre de no contar con los insumos necesarios.
“Ha sido muy difícil para nosotros porque no recibimos apoyo de ningún gobierno. Nuestro único apoyo es Médicos Sin Fronteras. Sólo al principio, tuvimos la visita de la Secretaría de Salud estatal, pero vino sin medicamentos. Sentimos injusto que viniera sin ningún tipo de recurso”, explica Héctor Silva, director de Casa del Migrante Senda de Vida, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
Silva quisiera contar con la ayuda del gobierno, pues la labor que se realiza en Senda de Vida también les corresponde a ellos. “Nos hemos sentido abandonados porque no nos han venido a dar instrucciones ni apoyo ni alimento. No hay nada para atender a los migrantes”, asegura.
En la misma situación se encuentra Casa del Migrante Amar, localizada también en Tamaulipas, donde sólo están recibiendo a personas que traslada el INM y que “ya pasaron por un filtro de salud”. Sin embargo, no cuentan con ayuda de dicho Instituto, cuando “es el que debería estar más interesado en atender esta situación”, expone José Luis Flores Amador, responsable de ese albergue.
Y es que, antes de la desaparición del director de Casa Amar, Aarón Méndez, ésta tenía apoyo del gobierno estatal. “Nos ayudaban con despensas y una aportación económica bimestral, con la que pagábamos la luz y el agua, pero llevamos más de 8 meses sin recibir nada, ni un kilo de frijol nos han dado. Como no está el director, no puedo hacer nada legalmente. Dicen que hasta que no se cambien los papeles no nos ayudarán”.
Flores Amador explica que sólo la Secretaría de Salud local se presentó en abril para dar consultas y medicina, pero nada relacionado con Covid-19, por lo que, señala, es muy indignante ver cómo cuando al gobierno le conviene ayudar, actúa y cuando no, no lo hace.
Al respecto, Brenda Cárdenas Thomae, directora del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), informa a Contralínea que la medida instrumentada por dicha institución fue la de ofrecer una capacitación, mediante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de que el personal de los refugios supiera cuáles son los síntomas de Covid-19 y cómo atender la enfermedad.
Indica que en caso de que se detecte a un migrante con cualquier tipo de malestar, “de inmediato será atendido y canalizado para su atención médica”. No obstante, los responsables de los albergues Casa Amar y Senda de Vida aseguraron no haber recibido ningún tipo de capacitación por parte de dicho Instituto.
De hecho, el pasado 20 de abril, la Secretaría de Salud de Tamaulipas notificó que 15 migrantes habían dado positivo al virus SARS-CoV-2 mientras se encontraban alojados en el albergue Nazareth, de Nuevo Laredo. La institución dijo que el contagio se produjo tras la llegada de una personas deportada de Houston, Texas, que desconocía tener Covid-19.
Ante esto, el secretario general del Gobierno estatal, César Augusto Verastegui Osorio, exigió al Instituto Nacional de Migración que retirara de la entidad a los 750 migrantes en situación irregular que se encontraban en casas de ayuda, pues reconoció que éstas no cuentan con las instalaciones necesarias para atenderlos y, “en cambio, se corre el riesgo de la propagación del virus”.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, opina que aunque los albergues acatan las medidas básicas de seguridad y sanidad, los espacios que los conforman no son muy amplios y coincide en que existe un alto riesgo de que la población migrante pueda contraer cualquier tipo de enfermedad, no sólo Covid-19.
Advierte que en caso de que ellos necesiten atención médica, al estar ilegalmente en el país, ésta no se les podría brindar y la única opción que tendrían es acudir a hospitales civiles, donde también operan con lo básico: “tienen lo mínimo para atender a la población local, si agregas la población extranjera sería insuficiente. No cuentan con la capacidad para atender a todos”.
Sobre esto, la doctora en ciencia política Olivia Joanna Gall Sonabend asevera que las fronteras entre Estados-nación marcan los derechos de los seres humanos: “si estás en tu país, tienes derechos como ciudadano, pero si provienes de otro caes en una situación de desventaja. Si eres migrante, eres más vulnerables y si a eso le sumas la pandemia, eres doblemente vulnerable. Su único apoyo son los refugios”.
Así sucede con quienes se albergan en la Casa del Migrante de Saltillo, donde los tres niveles de gobierno se han mostrado indiferentes a la situación. Los directivos del albergue buscaron el apoyo de las autoridades y lo que obtuvieron fue la impartición de un taller-reunión sobre cómo actuar durante la pandemia, pero “el personal de Jurisdicción Sanitaria estaba más en blanco que nosotros”, evidencia José Luis Manzo, coordinador del refugio.
“También solicitamos una reunión con el secretario de Salud [Roberto Bernal Gómez], pero no se ha podido concertar. Ni siquiera hemos recibido lo básico del gobierno, como cubrebocas, gel antibacterial o sanitizante. Tenemos el apoyo de la ciudadanía, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de organizaciones como ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados]”, agrega.
Asimismo, indica que cuando Humberto Moreira Valdés fue gobernador de Coahuila (2005-2011), el albergue recibió “un recurso” durante dos meses, pero “como seguíamos haciendo denuncias públicas sobre violaciones a derechos cometidas contra migrantes, el entonces secretario de Gobierno [Óscar Pimentel González] habló y dijo que se nos iba a suspender porque no cerrábamos la boca. Desde entonces no recibimos más apoyo del estado”.
Sin embargo, es obligación del Estado incluir a los migrantes en la estrategia nacional de protección a la salud, así como asignarles apoyos, ya que “de lo contrario se vulnera su derecho a la salud, a la vida, a la dignidad y a la integridad”, afirma Ana Mercedes Saiz, también integrante del Consejo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Al igual que los refugios anteriores, las casas hogar de Sonora tampoco han tenido contacto con sus autoridades. La manera en la que se mantienen a flote es gracias a las donaciones de organizaciones civiles y personas que se suman a la ayuda de la población migrante.
El Centro de Atención al Migrante Exodus, de Agua Prieta, es muestra de ello: “lo que nos ha ayudado en esta contingencia es que a un lado del Centro está la Clínica de la Sagrada Familia, la cual es atendida por las hermanas religiosas y cualquier cosa que pase, ellas nos hacen el favor de atender a quien lo necesite”, comenta su coordinador, Adalberto Ramos.
Agrega que actualmente no hay una buena relación con el gobierno municipal; sin embargo, han establecido lazos con otras instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras; “aunque no gozamos de recursos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos; hacemos lo que podemos para ayudarles”.
Por su parte, el Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, ubicado en Altar, aplica sus propias medidas de protección y en caso de que alguna persona resulte infectada: “tenemos un dormitorio que usaríamos para aislarla. También tendríamos que dar aviso al centro de salud local”, aclara Sara, representante del centro.
Aunque tampoco han tenido contacto con ninguna institución oficial, Sara asegura que el trabajo del centro comunitario es reconocido por el gobierno municipal: “no han venido a decirnos que cerremos o algo así. Otros lugares ya cerraron, pero esta casa sigue en funcionamiento porque saben que es un lugar que se necesita para las personas que vienen de paso”.
Ante esto, Contralínea solicitó una entrevista con Amos Benjamín Moreno Galindo, titular de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes del gobierno de Sonora, para conocer las medidas que se han implementado en favor de la comunidad migrante, pero no se obtuvo respuesta.
Talleres y despensas, una ayuda “mínima” para los albergues
De los 16 representantes de refugios que Contralínea entrevistó, únicamente cuatro afirmaron haber recibido algún tipo de ayuda para atender casos sospechosos de Covid-19, entre las que destacan despensas y talleres:
“A principios de abril, el DIF municipal [Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia] nos marcó para ofrecernos y traernos despensas y la Secretaría de Salud de Chihuahua nos dio pláticas informativas, pero el que sí ha estado completamente ausente ha sido gobierno federal”, indica Jorge Alberto Pérez Cobos, director de Casa del Migrante Uno de Siete Migrando.
“El gobierno del estado manifestó que iba a apoyar a las casas para migrantes, aunque no nos queda claro cómo, pero ya sacó su comunicado. Generalmente, el gobierno estatal sí nos apoya, pero más el DIF municipal”, agrega Pérez Cobos.
Y es que, el pasado 3 de abril, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar: un proyecto presupuestal de 3 mil 200 millones de pesos, dirigido a ayudar a los sectores de la población “más vulnerables”.
En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que con dicho Plan se ayudaría a “la operación de albergues para migrantes”, pero no precisó qué tipo de apoyo se otorgaría ni de qué manera. El proyecto consta de 17 programas, sin embargo, en ninguno de ellos se especifica la atención a personas migrantes.
Ante esto, Contralínea se puso en contacto con el titular de la Coordinación de Comunicación social del Gobierno del estado de Chihuahua, Manuel del Castillo Escalante, para conocer los programas que están destinados a auxiliar a la comunidad migrante, pero tampoco dieron respuesta.
En Baja California, el Centro para Migrantes Carmen Serdán cuenta con oficinas móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Nacional de Migración, lo que facilita la relación directa con las autoridades de salud, explica el coordinador Carlos Alfredo Sánchez Espinosa.
“[Representantes del] IMSS vienen todos los días a hacer chequeos, la Dirección Municipal de Salud viene por la tarde y los sábados vienen [integrantes] de la Secretaría de Salud estatal. De hecho, estuvo aquí el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico (…). Por eso nos sentimos tranquilos; estamos preparados y en contacto con la Secretaría de Salud, por cualquier situación que pudiera presentarse”, afirma.
Por su parte, en Chihuahua, el Desayunador Madre Teresa de Calcuta y el Instituto Madre Asunta, en Baja California, son los únicos albergues que informan haber recibido algún tipo de atención por parte de la Secretaría de Salud local.
El director del Desayunador, Bernardo de la Torre, señala que la única forma en la que pudieron tener contacto con las autoridades locales fue porque ellos solicitaron a la Coordinación local de Protección Civil poner filtros para prevenir algún contagio, pues éste es de los pocos albergues de Chihuahua que sigue operando con normalidad.
“Nosotros aún recibimos migrantes, pero implementamos ciertos protocolos de admisión: las personas se sientan a un metro de distancia, se lavan las manos al llegar y al irse. Tenemos gel antibacterial, usamos cubrebocas, cofia y hasta guantes. También tenemos una alianza con el Centro de Salud de Ciudad Cuauhtémoc para llevar a cabo dicho control y hay veces en que Protección Civil nos canaliza algunas personas, pero ellas ya vienen checadas”, comenta.
Mientras que Salomé Limas, trabajadora social del Instituto Madre Asunta, expresa que sólo ha tenido contacto con la Jurisdicción Sanitaria de Tijuana. Al ser éste un albergue para mujeres y niños migrantes, lograron que a través de dicha instancia, los doctores acudan dos veces a la semana a revisar a quienes lo necesiten, para que las mujeres no corran algún riesgo de contagiarse.
En entrevista, Luis Javier Algorri Franco, subsecretario de Asuntos Migratorios de Baja California, explica que desde finales de febrero, el gobierno del estado capacitó a los responsables de 18 albergues en Mexicali y 12 más en Tijuana para que pudieran identificar los síntomas de Covid-19. Asimismo, dijo, se está aplicando un apoyo de despensas.
Isabel Sosa, directora de Economía Social de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California, afirma que gracias a las donaciones de empresas privadas, se repartirá producto agrícola para las asociaciones que más lo necesiten, entre ellas, los albergues para migrantes.
“Se giraron oficios a las empresas para hacer líneas de acción a favor de las asociaciones, en especial de asilos, casas hogares, casas de migrantes y centros de rehabilitación”, comenta. Por lo que la primera entrega de alimentos –brócoli, lechuga bola y lechuga romana, apio y espinacas– se distribuirá entre 11 casas de ayuda de Mexicali y Tijuana. “La Secretaría de Integración repartirá este apoyo a un total de 3 mil 192 beneficiados, cuidando las medidas de higiene y seguridad sanitaria”, agrega.
Respecto a la suficiencia de recursos de los albergues, Algorri Franco considera que éstos sí cuentan con lo básico para para afrontar la pandemia: “las necesidades de los albergues siempre son muchas, pero la alimentación es lo que más preocupa; muchos [refugios] recibían apoyos de organizaciones de Estados Unidos y ahora el cruce de la frontera es muy complicado”.
Asegura también que existe comunicación directa con los albergues, pues el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, siempre les ha brindado apoyo “e incluso estamos viendo una reforma a la ley para hacer efectivos los derechos que tienen aquí, en el estado”.
En contraste, Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana, expresa que, al igual que en otros refugios fronterizos, no ha tenido contacto ni ayuda de las autoridades gubernamentales: “ellos no tienen interés. No sé si piensen que estamos bien o sólo no quieren gastar dinero, pero esperamos que en unos años, cuando cambie el gobierno, podamos recibir más apoyo”.
Expone que los únicos grupos que les auxilian son ACNUR y la OIM. “Por parte de la municipalidad no hemos tenido más que unas bolsas de frijoles; no han hecho ningún contacto serio con nosotros”, opina.
Por ello, Murphy pide a los tres niveles de gobierno tomar en cuenta la situación de los albergues, ya que éstos son los que están realizando la labor humanitaria que “le toca hacer a las autoridades. Lo mínimo que podríamos recibir es lo que se requiere: que hagan su chamba, que muestren interés por los migrantes que todavía están aquí, que están vivos y son a quienes prometieron ayudar”.
PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/14/albergues-para-migrantes-en-el-olvido-y-la-desproteccion-en-la-pandemia/