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OAKLAND, California — Casi nueve meses después de que el gobierno de Donald Trump anunciara oficialmente el fin de su política de separación de familias migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera, más de doscientos niños han sido separados de sus padres y otros familiares; han sido enviados a sitios de cuidado institucionales donde han estado meses en albergues u hogares de acogida a miles de kilómetros de sus padres.
Los datos más recientes reportados por el juez federal que monitorea esa polémica política del presidente Trump indican que 245 menores de edad fueron separados de sus familias desde que la corte le ordenó al gobierno que detuviera el procedimiento de la medida de “tolerancia cero” establecida a principios de 2018 en la frontera. Algunas de las nuevas separaciones fueron realizadas sin la documentación necesaria para después ubicar a los menores.
La condena a la política expuesta a través de imágenes de madres y niños llorando en la frontera estadounidense fue amplia en ese país; pero pese a la orden ejecutiva del 20 de junio para suspender su aplicación la práctica nunca fue suspendida por completo.
Con la medida original la mayoría de los menores fueron separados porque sus padres estaban sujetos a persecución penal por haber cruzado de manera ilegal la frontera. Las separaciones más recientes sucedieron sobre todo porque los padres fueron acusados de fraude, de tener una enfermedad contagiosa o por un historial criminal en muchos casos por haber cometido infracciones menores hace mucho tiempo, de las que usualmente no derivan en la pérdida de custodia de sus hijos.
Las nuevas separaciones suceden al mismo tiempo que se registra un flujo sin precedentes de familias migrantes por la frontera sur de Estados Unidos, el cual ha dejado en claro los fracasos de las políticas de línea dura del gobierno de Trump para desincentivar el viaje de los migrantes. La Patrulla Fronteriza detuvo a 76.103 migrantes en febrero, la cifra más alta en comparación a ese mismo mes en los últimos once años. Entre las personas retenidas había 40.000 integrantes de familias, dos tercios más que la cantidad detenida en enero.
Las separaciones familiares también sucedieron durante el gobierno de Barack Obama, pero eran muy poco frecuentes y en casos extremos en los que la seguridad de los menores parecía estar en riesgo.
Oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que las separaciones más recientes son legales en los parámetros establecidos por el tribunal que revisa los casos pues con ellas se pretende proteger a niños; los funcionarios aseguran que estarían en riesgo de traficantes humanos o de adultos que se hacen pasar por sus padres porque eso les ofrecería una ventaja en relación con las leyes migratorias.
“CBP no declara que un padre representa un riesgo para un niño de manera arbitraria o sin méritos”, aseguró la agencia en un comunicado. La misiva añade que “se mantendrá la unidad familiar hasta donde sea operativamente factible” y que separará a los menores solamente en presencia de “requisitos legales” establecidos por una política escrita o por “una preocupación de seguridad articulable que requiera esa medida”.
La oposición a las nuevas separaciones ha estado aumentando dentro y fuera del gobierno federal. En la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa los casos de menores separados hasta que sean reunidos con sus familiares, algunos funcionarios han intentado resistirse a mover o a recibir a niños que fueron referidos a la agencia por la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con un oficial que no tenía autorización para discutir determinaciones del gobierno y por tanto pidió el anonimato, varios funcionarios de la oficina han exigido a la Patrulla Fronteriza dar más detalles sobre las separaciones si no parecen ser justificadas. En algunos de esos casos, los agentes fronterizos se han rehusado a dar información adicional, según el oficial, o envían documentos relacionados que han sido editados y tachados de tal forma que son ilegibles.
El oficial, así como un funcionario del Departamento de Seguridad Interior (secretaría que supervisa a la Patrulla Fronteriza), dijo que varias separaciones han sido hechas sin notificación formal a la ORR.
Debido a los problemas con los registros sobre el paradero de los menores es probable que más niños hayan sido separados de los 245 que aparecen en los documentos oficiales al 20 de febrero.
The New York Times revisó los casos de varios niños separados desde que terminó la política de tolerancia cero y se enteró de otros por medio de los abogados migratorios que atendieron a las familias. La revisión arroja que varias de las separaciones fueron porque alguno de los padres tenía una acusación de hace años de manejar bajo la influencia del alcohol o una condena por hurto menor sin violencia que data de hace veinte años. En un caso el padre había sido imputado por posesión de una cantidad pequeña de marihuana.
Donna Abbott, vicepresidenta de servicios migratorios y para refugiados de Bethany Christian Services —contratista del gobierno que moviliza a los niños a hogares de acogida hasta que puedan ser reunificados—, dijo que en muchos casos no se revela la razón específica de la separación por lo que es difícil evaluar si fue apropiada.
En diciembre, una madre salvadoreña que hizo el trayecto con sus tres hijos fue arrestada y metida en un autobús camino a un centro de detención migratoria en Arizona; sus hijos, de 5, 8 y 15 años, fueron enviados a un albergue de menores en Nueva York. La mujer salvadoreña, Deisy Ramírez, de 38 años, dijo que pasaron seis semanas antes de que pudiera hablar con sus hijos.
El 1 de marzo, la hija más grande de Deisy fue transferida a un hospital porque amenazó con suicidarse, de acuerdo con la hermana de Deisy, Silvia Ramírez, quien intentó conseguir que el gobierno liberara a los menores para que vivieran con ella en Seattle mientras Deisy estaba detenida. La hija adolescente de Deisy se quedó en el hospital después de que la madre fuera liberada la primera semana de marzo.
“No me imaginé que fuera a pasar esto”, dijo Deisy Ramírez el 8 de marzo. “Solo quiero sostener a mis hijos y estar con ellos”.
Su abogado, Ricardo de Anda, comentó que aún no ha recibido una respuesta a su solicitud formal para que le dijeran la razón por la separación. Cree que tiene que ver con que Deisy fue deportada de Estados Unidos hace más de una década.
En Arizona, Ashley Ramos, de 3 años, fue separada de su padre por agentes fronterizos después de su detención en febrero. Él fue deportado a Guatemala y la niña fue enviada a un albergue.
La madre de Ramos, Silvia Maribel, había sido separado de su hija y su marido en el trayecto desde Guatemala; policías mexicanos la retuvieron junto con otros migrantes que iban en un camión. Silvia Maribel Ramos llegó a Arizona unos días después de la detención de Ashley y de su esposo y fue ahí que descubrió que la niña no estaba.
“Me dijeron que no tenían idea de dónde estaba y que me iba a enterar cuando me soltaran”, dijo Ramos, quien ahora se está quedando con familiares en Oakland, California.
Pasaron dos semanas antes de que ubicaran a la niña, de acuerdo con Ramos; su esposo contactó a las autoridades guatemaltecas para que pudieran averiguarlo. Ahora Ramos está en el proceso de presentar el papeleo para recuperar a Ashley. “Mi hija no entiende, solo llora y suplica estar con nosotros otra vez”, dijo.
Desde el 20 de junio de 2018, cuando Trump puso fin a la separación familiar como parte de su política de “tolerancia cero”, unos 2700 niños han sido reunificados con sus padres. Pero no se sabe de miles más que fueron separados antes de que la medida de separación familiar fuera impuesta oficialmente, de acuerdo con la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los investigadores dijeron que no tienen un sistema efectivo de rastreo.
El viernes 8 de marzo, el juez Dana M. Sabraw estableció que esos menores deben ser incluidos en la litigación pendiente sobre la protección y reunificación de familias separadas.
“El distintivo de una sociedad civilizada se mide según cómo trata a su gente y a quienes están dentro de sus fronteras”, escribió el juez.