MÉXICO| 2 DE JUNIO DEL 2020| FOTO: ARCHIVO

POR: ISABEL CRUZ

Millonarios programas sociales de apoyo se han puesto en marcha para matizar los efectos negativos de la pandemia COVID-19 en los hogares norteamericanos. Aunado a ello, una decisión criminal: ningún hogar norteamericano que cuente en su seno con un migrante indocumentado podrá recibir un centavo de ayuda federal. Hablamos de 10.6 millones de trabajadores indocumentados que junto a sus familias están siendo llevados a la pobreza extrema, tan sólo en California seis millones de hogares.

Auténtico Apartheid económico-racial, con discriminación social y laboral viven los trabajadores indocumentados en los EEUU, mayoría mexicanos. La paradoja criminal en la economía norteamericana es que por un lado, en la gestión de la Pandemia por el Covid-19, el trabajo de los migrantes es considerado esencial y crítico para la economía y la sociedad; pero por otro lado se les discrimina de los apoyos económicos de sobrevivencia y sufren el más alto grado de desempleo. Su trabajo impacta la riqueza y el crecimiento de la economía (240 mil millones de dólares al PIB Nacional; genera recaudación de impuestos (tan sólo en California 21 mil millones de dólares) a los gobiernos y dinamiza consumo y economías locales. Los efectos multiplicadores del trabajo migrante indocumentado no son reconocidos y menos valorados en ambos lados de la frontera, su vulnerabilidad ha sido evidente durante la pandemia, ni seguridad social, ni acceso a la salud, a pesar de que ya pagaron con sus impuestos dichos servicios. En caso que la política racista de Donald Trump persista con la expulsión masiva de migrantes, el hoyo en la economía de los EEUU será de proporciones gigantescas. Y el hoyo en la economía de México será aún peor.

Las economías de México y los EEUU están dependientes a un punto no reconocido que se expresa en la situación de trabajadores indocumentados. En particular las remesas familiares que soportan la economía de millones de familias en comunidades de origen corren el riesgo de reducirse drásticamente dejando en la miseria a migrantes, familias de migrantes y por el efecto multiplicador a comunidades de origen. Reconocer los aportes de los trabajadores indocumentados a las economías de ambos países y pactar un plan de regularización es lo más sensato para ambos países, es un acto de derecho humanitario.

En los EEUU el trabajo de migrantes tiene una contribución esencial para la recuperación económica, en trabajos como agricultura y servicios no demandados por ciudadanos norteamericanos. Un estudio por publicarse de la Universidad de California y el INEGI de México calcula en 3 trillones de dólares el impacto negativo de una posible deportación masiva de trabajadores indocumentados.

Las políticas anti-inmigrantes xenofóbicas del gobierno de TRUMP han llegado a niveles insospechados de criminalización de la migración, excluyendo de servicios elementales de atención médica, ayudas alimentarias o soportes de ingreso. En el contexto de la pandemia COVID-19, la primera línea de muertos la han aportado los migrantes indocumentados mexicanos en diversas partes del país, sobre todo en NY. A pesar que los indocumentados pagan miles de millones de dólares en impuestos se les persigue como si fueran delincuentes.

La crisis económica que ya afecta a los migrantes, sobre todo a los indocumentados, está destruyendo las economías no solo de los migrantes y sus familias, también de sus comunidades de origen en México y en millones de hogares latinos en los EEUU. Urge un posicionamiento de política económica y de derechos humanos en las relaciones bilaterales entre México y los EEUU, que reconozca y valore los aportes de los migrantes a las economías de ambos países, que plantee un marco de reconocimiento a derechos humanos básicos para limitar la criminalización de nuestros paisanos que los está llevando a la pobreza total.

Reconocemos y aplaudimos que algunos gobiernos de los estados, como California, han reconocido la contribución de los migrantes indocumentados a su economía y han iniciado programas de apoyo económico a contracorriente de las políticas federales. Pero no es suficiente.

La pandemia por COVID-19 mostró el rostro infame e hipócrita de un gobierno que se niega a reconocer los aportes y el rol estratégico del trabajo de los migrantes indocumentados en su economía, que los usa como carne de cañón para alimentar la xenofobia, el racismo y la reelección de Donald Trump.

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