Representados por la Clínica de Migración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Clínica Legal Transnacional de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, Latin America Working Group y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), migrantes buscan que el gobierno mexicano les garantice su integridad, así como “el libre tránsito por el país que les permita llegar a tiempo a sus audiencias sin el riesgo de ser detenidas o deportadas, así como facilite la reunificación familiar”, ya que al ser regresadas a México a esperar sus audiencias, muchas familias han sido separadas.

El programa “Quédate en México”, MPP por sus siglas en inglés, fue negociado entre México y Estados Unidos “para frenar la migración”, mantiene por lo menos hasta marzo pasado a “más de 62 mil personas (…) en campamentos, albergues y otras viviendas temporales” en ciudades fronterizas mexicanas, resaltó en un comunicado IMUMI.

Ante la suspensión indefinida de los trabajos de las cortes estadunidenses para atender las solicitudes de asilo, por la pandemia, los migrantes considerados en el programa “Quédate en México”, pidieron a la CIDH “que el Estado mexicano termine su participación en dicha política, y rechace el ingreso al país de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos”.

Como parte de las medidas cautelares, los solicitantes de asilo pidieron al órgano de derechos humanos de la OEA, que emplace a “garantizar la integridad de las personas bajo MPP que se encuentran en el norte de México, debido a las condiciones de inseguridad que allí se viven”.

La organización recordó que, tras el anuncio de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2018, de que los solicitantes de asilo en la frontera con México tendrían que esperar en ese país la resolución de sus casos por las cortes estadunidenses, medida aceptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces, la actual administración “se comprometió a garantizar empleo, regularización migratoria y protección”, sin que hasta el momento las autoridades federales, estatales o locales hayan atendido esas promesas, poniendo en riesgo a la población más vulnerable, mujeres, adolescentes, niñas y niños, expuesta a “asesinato, secuestro, desaparición, asalto y violación sexual”.

La organización resaltó que “las autoridades mexicanas también han sido acusadas de desalentara las peticiones de asilo en Estados Unidos advirtiendo a las personas sobre los peligros en la frontera norte y ofreciéndoles transporte gratuito a la frontera sur del país, pagado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que puedan regresar a sus países”.

Tras señalar que, para los solicitantes de asilo, Estados Unidos se convirtió en su única opción, luego de huir “de la violencia y persecución política”, IMUMI advirtió que el gobierno estadunidense, “en complicidad con el gobierno mexicano, violaron el principio de no devolución y han devuelto a esa población a territorio mexicano a esperar sus procesos”.

La organización resaltó que mientras se espera la respuesta de la CIDH, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo un amparo contra la política migratoria “Quédate en México”, promovido por la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el IMUMI.

El amparo en proceso de resolución pretende que la SCJN resuelva sobre el “incumplimiento de México del principio de no devolución presente en el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y garantías de debido proceso; el estatus migratorio que el gobierno mexicano brinda a la población bajo MPP; y la importancia de que la política migratoria deba tener una perspectiva de género”.

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.proceso.com.mx/639150/migrantes-urgen-a-la-cidh-medidas-cautelares-ante-el-programa-quedate-en-mexico