Los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria, forma parte de los desplazamientos masivos de población llamados corrientes migratorias relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones, etc. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas.
Sin embargo, cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, y la mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo, asegura un estudio realizado por varias agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Algunos testimonios aluden a la falta de oportunidades para sobrevivir pese a esta pandemia.
Algunas personas han recibido ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, y pudo evitar ser desalojada el año pasado, pero miles de venezolanos no han tenido la misma suerte.
Cerca del 40% de los venezolanos refugiados y migrantes han sido desalojados durante la pandemia, y un 38% más está en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, asegura un estudio realizado por varias agencias internacionales.
El informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a la que pertenecen la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, destaca que además tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo y que una quinta parte de las personas afectadas son embarazadas o madres de niñas y niños. La mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo.
Muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia y se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler, detalla el estudio en el que también participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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