Un juez federal de EU determinó ampliar el número de familias indocumentadas que, tras ser separadas en la frontera sur, deben ser reunificadas e incluidas en una demanda colectiva.

El escrito se da luego de que la parte demandante aludiera a un reporte de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que reveló que un gran número de familias fueron separadas desde junio de 2017, es decir antes de la puesta en marcha de la política de «tolerancia cero» contra la inmigración indocumentada.

Dana Sabraw, quien preside el caso en una corte federal de San Diego (California) y ordenó el año pasado que se reúna a familias indocumentadas separadas en la frontera, señaló que las familias del reporte en cuestión no fueron incluidas en el litigio dado que no habían indicios de que se hubieran separado a familias previo a la puesta en marcha de polémica política federal.

«El sello distintivo de una sociedad civilizada se mide por cómo trata a su gente y a aquellos que están dentro de sus fronteras», escribió el juez Sabraw.

Futuro de miles de niños, en juego

«El hecho de que los demandados tengan que cambiar el rumbo y realizar un esfuerzo adicional para resolver estos problemas no hace que la modificación de la demanda colectiva sea injusta», agregó.

La Administración federal ha reunificado con sus padres a 2.741 de 2.816 niños que fueron separados de sus progenitores tras llegar a la frontera para mayormente solicitar asilo político, según un informe presentado esta semana en la corte.

Sin embargo, ahora deberá incluirse a un número aún desconocido de las familias que fueron separadas desde el verano de 2017.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las familias afectadas por la política de «tolerancia cero», aplaudió la decisión del juez.

«La corte ha dejado claro que la vida de posiblemente miles de niños está en juego y que la Administración de (Donald) Trump simplemente no puede ignorar la devastación que ha causado», señaló Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en un comunicado.

Hasta el momento, los abogados de la Administración del presidente de EU, Donald Trump, no se han pronunciado respecto al escrito del juez.

No obstante, el pasado 22 de febrero los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) indicaron que de verse obligados a identificar a menores que ya no se encuentran bajo cuidado del Gobierno implicaría un «cambio dramático» en el caso y una difícil tarea de acometer.